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Juan Esteban Poveda
Sábado, 18 de febrero 2017, 01:38
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El juzgado de lo Penal 1 de Jaén tiene señalados seis juicios por chalés ilegales de aquí a final de año. El Penal 3 tiene alguno más. Como estos asuntos se reparten equitativamente entre los cuatro penales, se estima que hay pendientes unos 25 juicios por delitos contra la ordenación del territorio. Los últimos ya, tras una década en la que el urbanismo ha sido protagonista de la actividad judicial. «Tuvimos años con setenta y ochenta juicios, ya se han celebrado casi todos los casos que denunciamos», comentan en la puerta de un juzgado agentes del Seprona de la Guardia Civil que en el último lustro acudían a los penales varias veces por semana a ratificarse en sus atestados. Una década ha durado la guerra contra el ladrillo furtivo en la provincia. Con dos conclusiones en las que coinciden varias fuentes consultadas:centenares de condenas (sumadas a la crisis) han puesto freno a los desmanes urbanísticos, pues ya nadie se hace un chalé ilegal a la ligera, como ocurría hasta 2006. Pero también es cierto que buena parte de las sentencias firmes dictadas por los tribunales ordenando demoliciones son a día de hoy papel mojado, y que las decisiones emanadas del poder judicial en esta década son, cuanto menos, desconcertantes, con varios cambios de criterio y situaciones como que haya que tirar determinados chalés pero sin tocar los vecinos, igual de ilegales que los condenados a la piqueta.
La guerra contra los desmanes urbanísticos se generalizó a mediados de la década pasada, al calor de la Operación Malaya. Las fuerzas y cuerpos de Seguridad hicieron del tema una prioridad. Fiscalía creó una sección especializada contra este tipo de delitos. Había consenso social en que es había ido demasiado lejos y que había que poner coto. En noviembre de 2006 hasta el que fuera presidente de la Junta, Manuel Chaves llegó a pedir «contundencia y demoliciones» a los jueces.
Cuando hace una década los agentes del Seprona removían los asuntos urbanísticos de varias localidades de la provincia saltó una pregunta inevitable ¿cómo había sido posible una proliferación tal de construcciones ilegales sin que las autoridades locales se dieran cuenta? La respuesta inmediata fue que se comenzó a imputar a alcaldes y técnicos municipales, por supuestos delitos de omisión de su deber de perseguir delitos y de prevaricación administrativa por omisión. Casi todas esas denuncias por vía penal quedaron en nada
La política, de hecho, no era ajena a buena parte de los procedimientos durante años en la Guardia Civil admitieron que revisaban los chalés ilegales de los pueblos de los que llegaban denuncias. Unas veces anónimas, y otras de vecinos que se sentían discriminados por sus alcaldes, que les paraban a ellos obras que consentían a otros.
Conforme se sucedían las imputaciones, el temor de los alcaldes llevó a la Diputación Provincial a crear una asesoría jurídica específica para este tipo de asuntos.
Esas imputaciones no llegaron nunca al Ayuntamiento de Jaén, que durante años se distinguió por su colaboración con la Fiscalía.
Ocurría en toda España. También en Jaén. Sólo en las inmediaciones de la capital se estimó que había más de 5.000 chalés calificados con el eufemismo de alegales. Y en mayor o menor medida el problema se daba prácticamente todos los pueblos. El Seprona batió la zona de los puentes y La Imora La Mella, Valdecañas, Vega de la Reina, Almodóvar o Viñas Nuevas, el pilar de la Dehesa, el Megatín (Torredelcampo)... Había 23 municipios bajo sospecha. Se llevaron al juzgado 147 construcciones ilegales en 22 meses. Y se siguió:en los Bermejales (más de sesenta imputados), El Carrizal y otros parajes cercanos a la capital. Yen Quesada, en Cambil (2007), en La Iruela, Castillo de Locubín, Mengíbar (2008) y otros pueblos.
Desmanes
Había desmanes tan evidentes como que los chalés ilegales se construían ya contra la valla del yacimiento arqueológico de Puente Tablas, una joya ibera declarada BIC por la Junta. La administración regional tuvo que admitir que ni sabía cuantas casas se habían levantado en la zona protegida. Había urbanizaciones enteras sin licencia por doquier. No se respetó ni el mayor tesoro de la provincia: una sentencia consideró probado que «desde al menos 1995 hasta 2001» la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de La Iruela, en el corazón del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, permitió, «pese a tener conocimiento, la realización de todo tipo de construcciones con importantes irregularidades urbanísticas» en su término municipal.
Esas denuncias dieron lugar a procedimientos judiciales y condenas. Según datos de la Fiscalía, entre 2006 y 2007 se duplicaron los delitos urbanísticos, pasando a 51 a 112. Comenzaron a llegar sentencias condenatorias, muchas de ellas que incluían la medida de demolición. En apenas tres años se dictaron en la provincia aproximadamente un centenar de penas que además de cárcel y multa incluían derribos, según estimaciones de fuentes judiciales jienense.
En otoño de 2010 se produjeron las últimas grandes operaciones contra las irregularidades urbanísticas por parte de Seprona: después de denunciar más de un centenar de chalés fuera de ordenamiento en Marmolejo, los expertos de la Guardia Civil pusieron patas arriba la zona del Charco de la Gallina en Bailén, con decenas de imputados también.
Por entonces la batalla de los chalés ilegales, más que sobre el terreno, estaba en los tribunales. Con situaciones desconcertantes. Como la que vivían los propietarios de casas en el Camino del Realejo, en la parte baja de Plaza de Armas de Puente Tablas: se habían dictado seis sentencias condenatorias contra vecinos de la zona. Tres ordenaban demoler y tres no ordenaban demoler.
La llegada a la presidencia de la Audiencia Provincial de Elena Arias Salgado en 2010 sirvió para que al menos sí hubiera unidad de criterio en los tribunales. Y la norma desde 2010 a 2013 fue la de no condenar a derribos a no ser que se tratase de construcciones en terrenos especialmente protegidos por estar, por ejemplo, en Parque Natural. Y a veces ni por esas. La Memoria de la Fiscalía General de Estado de 2012, informe oficial de alcance nacional, recogía una aportación de la Fiscalía de Jaén sobre la «extraordinaria reticencia» de los jueces a la hora de dictar demoliciones.
Tribunal Supremo
En 2013 el Tribunal Supremo fijó jurisprudencia señalando que había que emoler si las construcciones se levantaban sobre suelo especialmente protegido o si el afectado había incurrido en desobediencia a los intentos de pararle la obra. A partir de entonces son frecuentes las sentencias que incluyen demolición.
El año pasado la Justicia consiguió la demolición de al menos dos construcciones ilegales sobre las que pesaba una sentencia firme de demolición. En lista de espera hay decenas y decenas de chalés y naves que deben ser derribadas por decisión de un tribunal. En los últimos años las demoliciones se cuentan con los dedos de las manos. Pero eso no quiere decir que no se vayan a seguir produciendo. Hay muchos procedimientos de ejecución aún vivos, unos pocos suspendidos. Pero aún vivos.
«Son derribos de muy difícil ejecución. En muchos casos afectan a construcciones que están en proceso de legalización o que ya están legalizadas. Cierto que cuando se dictó la sentencia eran ilegales y se dictó el derribo para restaurar la legalidad urbanística. Pero hoy son legales o están a punto de serlo. Es difícil que alguien decida tirar esas casas», admite una fuente judicial consultada días atrás.
«Son procesos muy farragosos, pero lo cierto es que muchas ejecutorias siguen vivas, no están suspendidas, y lo que dice la Justicia es que hay que tirar esas construcciones. Hay una sentencia de 2012 del Tribunal Supremo que sentó jurisprudencia al respecto y que dice que hay que derribar en determinadas condiciones que concurren en esos casos», aseguran desde la Fiscalía de Jaén.
La batalla que desde el Ministerio Público han librado contra las construcciones ilegales ha sido importante. Manteniendo contra viento y marea el criterio de que la demolición era el mejor medio para restaurar la legalidad urbanística. Ante el poco interés de los condenados por tirar las casas condenadas y de los Ayuntamientos, teóricamente responsables de ejecutar los derribos a costa del condenado la Fiscalía inició en 2009 una estrategia a largo plazo abre procedimientos de embargo contra los afectados por sentencias firmes de derribo, hasta que consigue recaudar lo suficiente como para sufragar la obra. Entonces la ejecuta.
Esa vía ha logrado varios éxitos, pues ante el temor a embargos algunos condenados han demolido voluntariamente. «Y los que aluden a que sus casas están en proceso de legalización o se han legalizado no deben olvidar que el decreto de legalizaciones de la Junta de Andalucía excluía expresamente la regularización de viviendas sobre las que hubiese causas judiciales», recuerdan desde el Ministerio Público. Una advertencia a la que deben estar atentos los alcaldes y corporaciones municipales a la hora de regularizar. Si es que no quieren meterse en líos.
El problema surgió en lugares como Mogón, Marmolejo, Pozo Alcón y otros donde hay sentencias anteriores a 2013 y otras posteriores. Unos vecinos tienen que tirar sus casas y otros no. Sin que los perjudicados entiendan por qué les tocó a ellos.
En la mayoría de los casos los afectados han contado con la complicidad de las autoridades locales y regionales. Tal vez quien más claro ha hablado en contra de las demoliciones ha sido el antes concejal de Urbanismo y ahora alcalde de Jaén, Javier Márquez, que en 2014 consideró «desproporcionado» el «ordenar demoliciones de viviendas que podrían ser regularizadas».
La carta política para legalizar chalés ilegales se jugó desde los primeros momentos en los que intervino la Justicia. En 2007 la Junta de Andalucía aprobó un complejísimo plan para legalizar viviendas en el Megatín de Torredelcampo (asunto por el que varios vecinos y un ex alcalde tenían cita en el banquillo) que a día de hoy sigue sin desarrollar. Y en Jaén y otras localidades los afectados han argumentado por sistema ante los tribunales que sus viviendas estaban en fase de regularización a raíz de las aprobaciones de los nuevos planeamientos urbanísticos en todos los municipios andaluces. Con jueces receptivos en muchas ocasiones.
En 2015 el juzgado de lo Penal número 3 de Jaén condenó a once de chalés de la zona del Carrizal de Puente Tablas a seis meses de cárcel y al pago de una multa por un delito contra la ordenación del territorio. Hicieron sus obras sin las licencias correspondientes en suelo especialmente protegido por el Plan Especial de la Vega de Jaén, y además invadieron la zona de policía del río Guadalbullón. Sin embargo, la sentencia no atiende a la petición del Fiscal sobre la necesidad de demoler las casas, ya que con el nuevo PGOU son «susceptibles de legalización». Un perito declaró en el juicio que la calificación urbanística de estos suelos ha cambiado y «estas construcciones automáticamente se legalizan y ya no hay que iniciar un expediente de legalización salvo las medidas que hay que adoptar para el deslinde».
Legalizaciones
Otras veces, los vecinos han conseguido así una prórroga. El 2016 la Audiencia de Jaén suspendió por el plazo de un año la ejecución de una sentencia que contempla la demolición de diez chalés ilegales en el paraje la Añora, de Torredelcampo. El tribunal esperaba que en ese plazo se resuelva definitivamente la duda de si el terreno sobre el que se asientan esos chalés es zona de especial protección, y por tanto intocable, o si puede ser legalizable.
En la Fiscalía señalan que ahora las diligencias por delitos urbanísticos son escasas, solo casos aislados. Ya no hay grandes operaciones. Los posibles delitos habrían prescrito. Y la guerra se da ya por acabada con los últimos juicios pendientes.
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