El 'caso Rexus' vuelve a instrucción porque se olvidaron de citar al Estado

JAÉN 10/01/2017 02:24 |0

Un error en la tramitación impide celebrar el juicio de un caso que se investiga desde 1998 y que lleva en los juzgados desde 2003

«Una vergüenza». «Es indignante». «Esto es insólito». Uno a uno los acusados por el conocido como caso 'Rexus' fueron abandonado el juzgado, mascullando improperios. El caso, abierto por la Fiscalía Anticorrupción en 1998 y judicializado desde 2003, volverá a la fase de instrucción después de que la Abogacía del Estado pidiese ayer la nulidad de las actuaciones por no haberle dado la oportunidad de personarse en esta causa en la que hay diez acusados de supuestamente defraudar más de 4,6 millones de euros a la Hacienda Pública en concepto de IVA impagado por la compraventa de material informático a través de testaferros y empresas pantalla. El Juzgado de lo Penal número 3 de Jaén capital tenía previsto celebrar ayer el juicio, pero finalmente quedó suspendido después de que la Abogacía del Estado haya reclamado la oportunidad de personarse en la causa.

Esto lleva a que nuevamente regrese al Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén para dar la oportunidad a la Abogacía del Estado de presentar su escrito de calificación sobre unos hechos que se remontan a 1998 y que todavía están sin juzgar. De hecho, la propia Fiscalía Anticorrupción reconoce que es el caso más antiguo de los que mantiene abierto en el conjunto del territorio español.

Lo que se enjuiciará cuando llegue el momento es si los diez acusados (había once, pero uno falleció) levantaron una compleja trama para engañar a Hacienda. De hecho, según el Ministerio Público, las empresas de la trama compraban equipos informáticos en el extranjero en operaciones exentas de IVA y los exportaban a España a empresas consideradas «fantasmas».

Se detectó un circuito de unas sesenta empresas fantasma en torno a una sociedad jienense

Empresas en hoteles

Al frente de estas empresas fantasmas se encontraban indigentes, inmigrantes sin regularizar su situación en España, o personas que nada tenían que ver con el mundo empresarial. Las sedes de dichas empresas fantasmas eran domicilios particulares o incluso direcciones que se correspondían con hoteles.

Toda la mercancía, según Fiscalía, iba dirigida a una empresa de Jaén capital cuyos tres responsables aparecen como acusados. Los siete acusados restantes se corresponden con los presuntos testaferros.

La investigación policial de esta caso arrancó en 1988, pero la judicial no comenzó hasta 2003. El juzgado de Instrucción solicitó en 2005 un informe a la Agencia Tributaria que no llegaría hasta 2013. Después hubo que dar trasladado a las partes y formular los correspondientes escritos. Fue precisamente en este momento donde no se le comunicó a la Abogacía del Estado como parte perjudicada su opción a personarse en la causa.

Se fijó fecha de juicio en el Penal, pero, según ha informado el propio juzgado, la causa volverá a Instrucción y ya se desconoce cuanto tiempo más deberá esperar el caso antes de que se pueda volver a fijar fecha.

Algunos de los acusados, para los que se les reclama penas de entre cuatro y seis años de prisión, además de multas de 15 millones de euros, mostraron su indignación a la puerta del juzgado por este nuevo revés tras tantos años de espera.

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