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La Policía escolta a los trabajadores de Endesa mientras reparan un transformador averiado en el barrio de La Paz de Granada, una zona donde se han realizado decenas de decomisos de plantaciones de marihuana.
Amenazas a técnicos de Endesa: «Me he quedado con tu cara, aunque la lleves tapada»

Amenazas a técnicos de Endesa: «Me he quedado con tu cara, aunque la lleves tapada»

Estos profesionales se ven obligados a trabajar escoltados por policías en Granada y Cataluña, donde se han disparado los cultivos ilegales de marihuana. Temen represalias tras sus actuaciones. «Si nos identifican, nos la jugamos»

susana zamora

Lunes, 23 de enero 2017, 11:12

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El teléfono suena. Con cada tono se le acelera un poco más el corazón. Ha recibido el aviso. Ya sabe día y hora de la misión. Queda en las proximidades de su particular zona cero para ultimar detalles. Hasta allí conduce en un vehículo sin logo identificativo. Nada es casual. Oculta su rostro bajo un pasamontañas, pero en sus ojos asoma la tensión acumulada de los últimos días. Ya solo queda dejarse guiar por «los linces» y «los lobos», como se refiere este inspector de Endesa a la Unidad de Intervención Policial (UIP), antes conocidos como antidisturbios.

El técnico de la compañía eléctrica, que ruega mantener su anonimato, trabaja desde hace año y medio con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Ahora acude más tranquilo al tajo, «pero los primeros días se me hacía un nudo en el estómago. Me sentía desnudo, todo el mundo nos miraba y me ponía muy nervioso. Hoy algunos agentes son buenos amigos míos», relata.

Carlos, el nombre ficticio bajo el que se oculta, se encarga de arreglar los cortes masivos de Endesa en zonas marginales de Granada y en barriadas duras de los municipios de Pinos Puente, Atarfe e Iznalloz, donde se multiplican los enganches ilegales a la red para dar luz y calor a las plantaciones caseras de marihuana, que no dejan de proliferar. «Ahí no nos atrevemos a entrar sin escolta».

Cuarenta minutos. Ni uno más. Ese es el tiempo estipulado por la Policía para arreglar el corte de luz o para acabar con algún enganche ilegal. «Si nos retrasamos, corremos el riesgo de que nos rodeen y la cosa se ponga fea», describe el jefe de Carlos, el responsable de Endesa en Granada, José Luis Pérez. Mientras tanto, entre 10 y 20 agentes mantienen acordonadas las calles para que los técnicos puedan trabajar tranquilos, ajenos a los insultos y amenazas que les lanzan hombres y mujeres que se arremolinan alrededor de ellos y les gritan que se larguen al tiempo que les graban con móviles para tratar de identificarlos.

«En una de mis primeras actuaciones con escolta, un hombre muy alterado por el corte de suministro eléctrico intentó traspasar el cordón de seguridad. En segundos estaba boca abajo en el suelo, rodeado de siete policías, con un pie en el cuello para mantenerlo inmovilizado y esposado. Ahí me di cuenta de que lobos y linces no se andan con chiquitas», recuerda Carlos.

Los mismos episodios se repiten en barriadas de Almería, Jaén, Córdoba y Sevilla, donde también abundan esos puntos calientes de fraude eléctrico para abonar los lucrativos cultivos domésticos de maría. Y no solo en Andalucía. En zonas de Gerona, Figueras, Sabadell y Tarrasa las plantaciones de marihuana se extienden por trasteros, pisos, garajes y hasta por chalés de lujo, «porque lo mismo se desarrollan en barriadas marginales como en urbanizaciones de alto standing», apunta un responsable de Endesa en la zona oriental de Cataluña.

Mientras tengan cerca un enganche de luz, cualquier sitio es bueno para levantar estos chiringuitos ilegales, controlados por mafias con capacidad y recursos suficientes para volver a montarlos en pocas horas cuando son desmantelados. A veces la alerta la da la propia Policía, que tras meses de investigación localiza las plantaciones y logra la orden judicial para entrar en el domicilio. Otras veces es la compañía eléctrica, que registra un pico inusual de consumo eléctrico y sospecha de la actividad ilegal.

Así ocurrió hace solo un mes en la barriada de La Paz de Granada, donde el incendio de un transformador por culpa de una «brutal» sobrecarga dejó sin luz a casi 300 vecinos. «Esta zona tiene la máxima potencia de luz permitida por ley, 2.000 kilovatios (una casa consume habitualmente cinco), y solo hay contratados 700 kilovatios; por tanto, no debería haber problemas de sobrecarga. ¿Cómo se explica entonces que arda una y otra vez? Está claro: la demanda supera con creces los 3.500 kilovatios», explica el responsable local de Endesa, José Luis Pérez.

Plantaciones en alza

Este incidente capaz de reventar cualquier transformador supuso un punto de inflexión en el modus operandi de la eléctrica, que recurrió a la Subdelegación del Gobierno para solicitar protección policial. «Pese a ser una zona conflictiva, no habíamos necesitado la asistencia policial, pero esos días previos a la Navidad hubo una trifulca entre los vecinos que acabó con una agresión a un técnico nuestro. Mientras los cercanos a las mafias querían que se restableciese el suministro pronto, otros preferían pasar la noche sin luz a cambio de que así se les secase la marihuana», relata Pérez.

En el caso concreto de Granada, las plantaciones indoor no han dejado de crecer en los últimos años, hasta el punto de que la provincia se ha convertido en la principal productora de cannabis sativa de España. La estadística lo dice todo: de las 47.000 plantas incautadas en 2015 se ha pasado a las 169.000 en el año que acaba de terminar, casi cuatro veces más. Solo esta última cifra representa más de la mitad de todas la aprehensiones realizadas en España durante 2015 (300.000). En términos generales, la producción de maría se ha quintuplicado en España y el decomiso de plantas de cannabis ha crecido un 532% entre 2009 y 2013, según los datos del Ministerio de Interior. El último informe europeo sobre drogas coloca a España como el quinto país del viejo continente con más plantas de marihuana decomisadas. Sólo Países Bajos, considerado el paraíso occidental del cannabis (con 1.218.000 plantas), Italia (894.862), Reino Unido (555.625) y Bélgica (396.758) nos superaron en número de plantas alijadas.

Esta tendencia, agravada por la crisis de estos últimos años, la relativa facilidad para montar una plantación de este tipo y una ley laxa que apenas los compromete, no solo genera un problema de salud pública. Los vecinos de los barrios afectados, donde los cultivos ilegales están a la orden del día, se han acostumbrado a vivir con cortes intermitentes de luz como consecuencia de los pisos-invernadero. Un buen número de estas viviendas carecen de contrato y recurren al enganche ilegal; otros, sin embargo, a los ojos de la eléctrica se muestran como clientes cumplidores, pero tienen una acometida paralela para que los kilowatios de más no sean registrados por el contador. «El consumo en estas viviendas es hasta diez veces más que el de una normal», precisa el inspector de Endesa. Combatir este descomunal fraude, que en 2015 supuso un encarecimiento de 150 millones de euros en la factura eléctrica pagada por todos los españoles, se ha convertido en el caballo de batalla de la compañía.

«Es gente muy peligrosa»

Andalucía y Cataluña están pagando un alto precio para combatirlos. Su personal sufre amenazas intimidatorias con armas, insultos y, en ocasiones, se ve envuelto en situaciones de riesgo. «Me he quedado con tu cara, aunque la lleves tapada», escuchan con frecuencia. Esa es la razón por la que Carlos no quiere ni oír hablar de posar encapuchado frente a la cámara del fotógrafo. Solo de espaldas. «Tengo familia. Yo no me la juego. Ahí hay gente muy peligrosa». Lamentablemente, la amenaza se cumplió para un operario catalán, que estando en el hospital por motivos personales fue identificado por unos hombres que se acercaron a él y le soltaron: «¿Qué? ¿Por qué no nos cortas ahora la luz?», recuerda el responsable de Endesa en Cataluña.

Un encargado de la empresa contratada por Endesa para labores de reparación, mantenimiento y obra nueva reconoce que no es plato de buen gusto trabajar en estas zonas de riesgo. «Nos turnamos para que no les toque siempre a los mismos». Aconseja a sus compañeros que «no se envalentonen» si ven la situación complicada. Y pone un ejemplo reciente: «Acudimos al aviso de una incidencia y, estando allí, unos hombres exigieron al técnico, bajo amenazas, que acudiese a repararotro corte de luz en la zona donde vivían. No nos quedó otra que hacerlo para evitar males mayores. ¡Cualquiera se niega!».

Para el responsable de Endesa en Granada, la situación es completamente «inaudita». «Somos electricistas, no un grupo de fuerzas especiales», se lamenta. Sin embargo, lo que vivió el granadino Carlos se aproxima más a un thriller que a un trabajo rutinario en una ciudad pequeña. «Era mi segundo registro de marihuana en un bloque de viviendas. Los agentes subían corriendo por las escaleras, mientras yo aguardaba sus instrucciones más rezagado. Fueron minutos escuchando porrazos y ladridos inquietantes, hasta que vi como un policía echaba mano a su arma. Reconozco que sentí miedo y que pensé en huir. Aún tengo el susto en el cuerpo».

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