La guerra de la tijera

Aunque los cánones de belleza varían en función de modas, tendencias y estilos, siempre ha existido la inquietud de mostrarse atractivo ante los demás. Una preocupación, más o menos evidente, que sustenta sectores tan importantes desde el punto de vista económico y de generación de empleo como el de las peluquerías. No se trata de un gasto anecdótico para las familias. Todo lo contrario. Según el Observatorio de la Peluquería Profesional, los hombres, por ejemplo, visitan estos establecimientos una media de veinte veces en el cómputo de un año. Más allá de cómo influye la crisis en el presupuesto que tienen los hogares para este tipo de menesteres, lo cierto es que existe una importante demanda y, en consecuencia, también se ha generado una importante oferta. Sí, una oferta que se estructura en un tejido empresarial normalizado, con profesionales que pagan sus impuestos, pero también en una bolsa de economía sumergida que según estimaciones de la propia Asociación de Empresarios de Peluquerías de Granada, rondaría el veinte por ciento.

Traduzcamos esta coyuntura a una realidad numérica. Según las estadísticas que maneja la Seguridad Social, el epígrafe 'peluquerías y otros tratamientos de belleza' contaba a finales de abril con un total de 2.884 inscripciones, de las que 723 eran empresas y 2.161 autónomos. Es decir, cerca de 2.900 negocios perfectamente regularizados compitiendo con otros 600 que están al margen de la ley y soslayando obligaciones tributarias y otros gastos inherentes al desarrollo de cualquier actividad productiva. Una ventaja de los primeros respecto a los segundos que está alimentando, junto a otros factores, una guerra de precios que beneficia a los consumidores y que perjudica a los empresarios.

Pelados a cinco euros

Pongamos el foco en la zona centro de la capital granadina. En apenas cien metros, usted puede encontrar establecimientos que despachan el pelado de caballeros a cinco euros, mientras que otros superan, incluso, los catorce. Casi el 180% de diferencia. Una lucha por captar clientela y que en el caso de las tarifas más bajas sí se asimila a ese mercado no reglado del que tanto se quejan los que sí tienen todos los papeles el regla. El presidente de la Asociación de Peluquerías, Lisardo Vicente Fernández, manifiesta que la gremial no tiene que desempeñar el papel de denunciar a los que no juegan limpio, aunque aclara que los asociados sí disponen de canales para advertir a la inspección de posibles irregularidades. Irregularidades que van desde los que ofrecen servicios domiciliarios para familias completas sin estar dados de alta o los que ejercen el oficio en el garaje de su vivienda. Todo barato. Muy barato.

Lisardo Vicente Fernández dice que la Asociación tampoco tiene ninguna competencia para interferir en qué deben cobrar unos y otros, pero sí lamenta que haya quienes renuncien a todo su margen de beneficios, que se estrechó además de forma considerable tras el incremento del IVA decretado en el año 2012 -pasó del ocho al veintiuno por ciento- y que desencadenó no pocas protestas por parte de este colectivo. «Cada cual debe valorar si la relación entre la calidad y el precio se ajusta a sus necesidades», explica Lisardo Vicente Fernández, quien destaca que se pueda optar con completa libertad por un sitio o por otro y abonando por el producto según las posibilidades de cada cual. Atrás queda aquel sistema mediante el que la Asociación ofrecía unas tarifas orientativas en función de tres categorías.

Y es que más allá de la distorsión que provoca los peluqueros trabajando al margen de Hacienda o la Seguridad Social, estamos sin lugar a dudas ante un 'sector refugio' donde han encontrado empleo muchas personas que se hallaban en paro. Existe una amplia oferta de cursos para la obtención de la capacitación profesional. Después hay empresas que ofrecen el montaje del equipamiento básico de un salón por unos 4.500 euros. A todo ello habría que sumar el coste de los alquileres, que aumenta en función de la superficie y de la localización -los arrendamientos son más caros cuanto más se aproximen al centro urbano-. Una inversión que resulta más o menos asumible. Otro cantar es que, posteriormente, los niveles de calidad cumplan con las exigencia de quien se sienta en el sillón.

También hay cifras que refrendan todo lo anterior. Según la Seguridad Social, a finales de 2008 había 2.504 licencias oficiales de peluquería en la provincia. Ocho años después, en 2016, esta cifra había subido hasta las referidas 2.884. Estamos hablando de una variación positiva superior al quince por ciento en tan sólo ocho años. Ocho años que han coincidido, paradójicamente, con los peores años del declive de la economía.