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Montones de expedientes acumulados en un juzgado.
Sentencias sin ejecutar, el otro atasco de la justicia

Sentencias sin ejecutar, el otro atasco de la justicia

Los juzgados granadinos acumulan más de 45.000, entre ellas casi 6.000 penales

Manuel Pedreira

Miércoles, 6 de mayo 2015, 01:43

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Cerca de seis mil sentencias penales aguardan su ejecución en la provincia de Granada. Son procedimientos que se han instruido, que han llegado a juicio y que han terminado con una sentencia, resolución que permanece sin ejecutar. El dato puede preocupar si se infiere que de cada una de esas 5.806 sentencias -dato del tercer trimestre de 2014, el último disponible en la página web Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- se deriva un condenado a prisión que está en la calle.

Sin embargo, conviene precisar cuanto antes que el número de condenados en la calle es infinitamente inferior. Sucede que, aunque pueda parecerlo, un procedimiento no termina cuando el juez dicta sentencia. La resolución judicial pone en marcha un mecanismo en el que intervienen los funcionarios, encargados de tramitar las medidas ordenadas por el juez. Y esas medidas no se aplican con pulsar un botón.

En el caso de los procedimientos civiles, los trámites de la ejecución son lentos pues el juzgado tiene que librar oficios, hacer averiguaciones patrimoniales, investigar e iniciar un procedimiento de embargo de los bienes encontrados. En los penales, además de lo anterior -las condenas incluyen siempre el abono de multas o indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil- las medidas que deciden los jueces y aplican los funcionarios resultan especialmente delicadas porque afectan a derechos fundamentales.

Privación de libertad, expulsión del territorio, órdenes de alejamiento, inhabilitaciones, privaciones de permisos de armas o de conducir, son algunas de esas disposiciones que han de ejecutarse. Los órganos jurisdiccionales que materializan las sentencias penales son variados, como juzgados de instrucción, de violencia contra la mujer o de menores, pero el grueso del trabajo recae en los juzgados de lo penal, como su nombre indica.

«Es un cajón de sastre al que llega todo, como un embudo por el que entran casi todas las sentencias de la jurisdicción penal. Hay que tener la cabeza despejada y ser muy rigurosos. Es mucha responsabilidad y no está pagada en consonancia», lamenta una funcionaria con más de una década de experiencia en un juzgado de lo penal de la capital.

En Granada existen ocho de este tipo, seis ubicados en Granada y los otros dos en Motril. Según los datos del CGPJ, estos juzgados tienen pendientes de ejecutar 3.700 sentencias. Los funcionarios trabajan sin descanso pero no dan abasto.

Esfuerzo de los trabajadores

«Una cosa debe quedar clara, si los juicios se están celebrando en un tiempo razonable, y si las ejecutorias se van tramitando de forma correcta, es por el gran esfuerzo que están realizando tanto los jueces como los funcionarios, mayor del que les sería exigible».

La reflexión es de Jesús Rodríguez Alcázar, juez decano de Granada, que es consciente de que los juzgados penales padecen un atasco dentro de otro atasco. Con todo, el decano opina que el tiempo de respuesta «es bastante bueno», y los juicios «se están señalando a pocos meses vista». El magistrado opina que en el Juzgado nº 6 hay un poco más de atasco «pero es algo que se deberá solucionar con el tiempo».

Y no deja pasar la oportunidad para exponer una reivindicación. «En la celebración de juicios -indica- también hay problema cuando se deben realizar videoconferencias dados los escasos equipos que hay en Caleta». El decano admite que el problema de las ejecutorias penales es cierto y que hay cierto retraso en su tramitación, aunque se sorprende del dato oficial del CGPJ que le revela el periodista.

Riesgo de error

Jesús Rodríguez Alcázar entiende que para atender las necesidades existentes «sin que sea a costa de la salud de jueces y funcionarios», se precisaría no solo de un mayor número de funcionarios que pudieran tramitar las ejecutorias, ya que entonces se saturaría más al juez por el que pasa casi todo, sino de al menos un juzgado de lo penal más. «Lo que ocurre es que, a pesar de los números, en este país parece que sólo se crean juzgados cuando hay ya una situación insostenible de atasco y retraso, y si las cosas funcionan porque la gente se está matando no se hace nada», argumenta.

El decano de los jueces granadinos subraya además la presión que existe en el tema de las ejecutorias sobre todo el personal y los jueces. «Es muy importante por el riesgo de incurrir en algún error que tenga consecuencias graves». Por si hubiese pocos problemas, las normas procesales que regulan esta materia «tampoco ayudan» a que se sea ágil y eficaz en la tramitación.

«Además ahora que se avecinan reformas en el Código Penal es posible que eso repercuta en revisiones y nuevos problemas para los juzgados de lo penal», concluye.

También los sindicatos se muestran especialmente críticos con la situación de estos juzgados. Denuncian la desproporción existente entre los juzgados que instruyen las causas y los que las resuelven y ejecutan.

En la provincia de Granada existen un total de 9 juzgados de instrucción en la capital, más 10 juzgados de primera instancia e instrucción en los partidos judiciales de pueblos, a lo que hay que sumar 2 juzgados de violencia sobre la mujer: un total de 21 juzgados que instruyen las causas penales, frente a 8 juzgados de lo penal que tienen que fallarlas. «Es decir, cada juzgado de lo Penal de Granada tiene que fallar las causas de 2,62 Juzgados de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer», resalta Miguel Esteban, representante del Sindicatos de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).

«Año tras año, los juzgados de lo penal de Granada vienen soportando cargas de trabajo superiores a las máximas establecidas por el CGPJ y que es especialmente alarmante en el caso de las ejecutorias penales», indica el portavoz del STAJ.

En 2014 se registraron un total de 4.800 ejecutorias, que supone una media de 600 por juzgado. El módulo fijado por el CGPJ es de un tope máximo de 441 asuntos de ejecución por juzgado. «Esto supone -remarca Esteban- una carga de trabajo de cerca del 140% respecto al citado módulo máximo de ejecutorias».

El expediente digital

Los sindicatos aportan sus reivindicaciones para darle un aclarado a la situación. «Hay que aumentar al menos en dos más el número de juzgados de lo penal en nuestra provincia al mismo tiempo que se amplía la plantilla en dos funcionarios por órgano. Y en cuanto a las ejecutorias, se deberá acometer un plan de choque para reducir la carga a números razonables con prolongaciones de jornada voluntarias e incentivadas», proponen desde STAJ.

Para este sindicato, resulta imprescindible acometer «de una vez por todas» la modernización de esta administración mediante la definitiva implantación del denominado expediente digital «que, desde hace más de 10 años, prometido decenas de veces por ministros y consejeros de Justicia.». Con este expediente se acabará, a su juicio, con la «obsoleta y arcaica» tramitación de los procedimientos judiciales en papel para gestionarlos mediante nuevas aplicaciones informática integradas entre sí.

Actualmente, y a pesar de contarse con ordenadores y programas, aún no están integrados en un único programa de gestión. Esta «falta de voluntad» en inversión tecnológica supone tener que acceder a múltiples aplicaciones independientes y repetir la introducción una y otra vez de los mismos datos del procedimiento «precisamente por esa falta de integración total».

«Esto supone un inútil sobreesfuerzo que se traduce en la pérdida de eficacia y rapidez en una jurisdicción tan sensible como la penal», añade el portavoz del STAJ.

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