La Fiscalía andaluza investigará la denuncia de IU sobre los altos precios de las eléctricas

SEVILLA. 09/02/2017 09:00 |0

Un colectivo de alcaldes, diputados y cargos de IU, encabezados por Alberto Garzón y Antonio Maíllo, firmaron el escrito el pasado 20 de enero

La Fiscalía Superior de Andalucía investigará un presunto fraude en la alta subida del precio de la luz de las compañías eléctricas en los días más fríos de enero. El ministerio público se hace así eco de la denuncia que cargos de Izquierda Unida interpusieron el pasado 20 de enero ante la Fiscalía de Sevilla. Será el fiscal coordinador andaluz en materia civil, Fernando Santos Urbaneja, con plaza en Córdoba, quien lleve a cabo la investigación, que entre otros aspectos deberá averiguar si el encarecimiento de las tarifas eléctricas se ha debido «a una práctica fraudulenta».

El pasado 20 de enero un colectivo de alcaldes, diputados y cargos públicos de IU, encabezados por el diputado malagueño y dirigente nacional de IU, Alberto Garzón, y el coordinador de esta formación en Andalucía, Antonio Maíllo, presentaron a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, un escrito en el que solicitaron la apertura de una investigación «en torno a los incrementos de precio registrados en fechas recientes en el mercado energético como consecuencia del bajo nivel de funcionamiento de las centrales de gas de ciclo combinado», porque pudieran deberse a «prácticas fraudulentas». Segarra remitió la denuncia a la Fiscalía del TSJA, que ha asumido la investigación.

Los cargos de IU -entre ellos los cinco parlamentarios andaluces y los tres diputados nacionales de Andalucía- también solicitaron una investigación sobre «la posible existencia de una deficitaria red de infraestructuras eléctricas en determinadas zonas que impide que toda la ciudadanía acceda a la energía eléctrica en condiciones adecuadas y estables».

El fiscal coordinador en materia civil, Santos Urbaneja, dirigirá la investigación

La Fiscalía andaluza se suma así a la del Tribunal Supremo, que investiga las razones de los continuados y sucesivos aumentos en las tarifas eléctricas. En los últimos días de enero los precios de la luz en el mercado mayorista alcanzaron niveles no vistos desde 2013, coincidiendo además con una ola de frío y gran demanda de electricidad.

Las compañías justificaron las alzas a que coincidieron en esas fechas una prolongada escasez de lluvia con pantanos menos capaces de producir electricidad, la necesidad de importación de la energía al subir el consumo y, de paso, se sacó a colación el freno en España a la electricidad con la energía nuclear como fuente.

Maíllo fundamentó la denuncia en su día por la sospecha de que las compañías pudieran estar bajando la producción en los ciclos combinados coincidiendo con la ola de frío por intereses especulativos. También advertía de posible manipulación de los precios sorteando la legislación vigente, cuando hay advertencias al respecto desde la Unión Europea. IU también recrimina a las compañías que no inviertan en infraestructuras para garantizar un servicio público.

La formación izquierdista celebró ayer la apertura de diligencias de la Fiscalía andaluza a instancias suya. Maíllo manifestó que confía en que los responsables «de esta estafa se sienten en el banquillo». «No podemos seguir viendo cómo las personas mayores o las familias que tienen a todos sus miembros en paro se tienen que contener con la luz porque temen el 'facturón' que le va a venir después», recordó.

El coordinador de IU Andalucía insistió en que la luz es un derecho humano y procurarlo una obligación de las administraciones, por lo que volvió a lamentar que en España se privatizara y que las compañías sirvan de puertas giratorias para expresidentes (en alusión a Aznar y Felipe González) y otros exmiembros del Gobierno. En su opinión el suministro de energía eléctrica debe volver a ser estatal.

Puntualizaciones del fiscal

El fiscal Santos Urbaneja aclaró que la Fiscalía ya investigaba de oficio, aunque este comienzo ha coincidido con la denuncia de IU. Recuerda que las diligencias tienen carácter civil, no penal, y que tratan de establecer si hay motivo para ejercitar acciones civiles contra las compañías eléctricas.

La Fiscalía pretende esclarecer, informó a Efe, si hubo alguna conducta que pudiera ser contraria a la normativa protectora de los derechos e intereses de los consumidores y susceptible de ser calificada de «abusiva», y en su caso si la normativa aplicada es contraria a la legislación, principios y directrices de la Unión Europea en materia de protección de consumidores.

El fiscal ha acordado solicitar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y de la Secretaría de Estado de Energía que informe sobre el sistema de fijación del precio de la luz (parte regulada-parte liberalizada) e identifique las compañías que intervienen en el proceso.

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