Montero cree que la reducción de jornada de los funcionarios a 35 horas supondrá la creación de hasta 10.000 empleos

Como estaba previsto, la jornada de 35 horas semanales para 260.000 funcionarios de la Junta de Andalucía entró en vigor ayer, a pesar de que el Gobierno central ha mostrado su desacuerdo con la medida y también a pesar de que ayer mismo el Ministerio de Hacienda retrasó la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Junta para alcanzar un acuerdo en la aplicación de esta medida.

El aplazamiento de la cita, que se había anunciado para mañana miércoles, fue considerada «una buena señal» por la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que compareció tras presentar un informe sobre la aplicación de esta medida en el Consejo de Gobierno, anticipado al lunes esta semana con motivo de la celebración, hoy martes, de la Conferencia de Presidentes.

Fuentes gubernamentales negaron que el retraso de la reunión esté vinculado con la Conferencia, prevista para esta mañana en el Senado, y redujeron el nivel de la misma, que será un contacto técnico a nivel de directores generales para el que no se ha fijado nueva fecha.

Todo hace pensar que el Gobierno central busca el acuerdo, incluso extender la medida a otras comunidades autónomas, a pesar de que la recurrió y logró tumbarla cuando fue aprobada por los ejecutivos autonómicos de Castilla-La Mancha y el País Vasco, dado que hay otras regiones, como Extremadura, que han anunciado su intención de llevarla a la práctica también. De hecho, la respuesta a la decisión andaluza no fue interponer recurso de inconstitucionalidad, sino convocar la comisión Bilateral. De este modo, en medios de Hacienda se considera que el retraso de la Comisión Bilateral aleja, o retrasa, la posibilidad de llevar el decreto ante el TC. La Junta insiste en que dispone de la suficiencia financiera adecuada y plenas competencias para regular en materia de jornada laboral de su personal, de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público.

El PP-A, que se abstuvo en la convalidación del decreto en el Parlamento andaluz, que lo aprobó con el voto favorable de los demás grupos, mantuvo ayer su rechazo a la implantación de la nueva jornada en esta situación y su secretaria general, Loles López, cumplió el trámite de oponerse al nuevo horario, ampliamente celebrado por todos los sindicatos de funcionarios, diciendo que el Gobierno andaluz busca «dinamitar» las posibilidades de acuerdo con Madrid por no haber esperado a la celebración de la reunión bilateral. Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han pedido al Gobierno que no recurra la medida.

En cualquier caso desde ayer los funcionarios de la Junta vuelven a la jornada anterior a la crisis, cuando el Gobierno la aumentó a 37,5 horas. Sólo se retrasa su implantación en el caso de los trabajadores públicos de la educación, que la tendrán en vigor cuando acabe el curso escolar. Con carácter general, según explicó la consejera, la medida supondrá trabajar dos horas y media menos a la semana. En el ámbito sanitario se modifican los cómputos anuales de cada turno, de modo que el nocturno pasa a 1.450 horas anuales, el rotatorio a 1.483 y el diurno de 1.645 a 1.540, es decir, 105 horas menos.

Además, Montero destacó que la medida forma parte del calendario de recuperación de derechos de los funcionarios públicos perdidos durante la crisis. En este sentido, recordó que el próximo paso será la devolución de un nuevo tramo de la paga extra de 2012 que se hará efectivo en el mes de febrero. Ya sólo quedará por percibir el último 25%, que se abonará en febrero de 2018.

Más empleo

La consejera insistió en que la reducción de jornada va a suponer una «oportunidad laboral», porque puede generar entre 7.000 y 10.000 empleos, aunque no concretó la incidencia que pueda tener en futuras ofertas de empleo público.

Montero, que volvió a pedir que se elimine la tasa de reposición, quiso animar al sector privado a tomar ejemplo de esta medida, para que los trabajadores de las empresas comiencen también a mejorar sus condiciones laborales, tras el daño sufrido durante la crisis.

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