El PP volverá a dar la batalla para que la Junta suprima el impuesto de sucesiones

SEVILLA 06/01/2017 01:55 |0

Presenta una ley en el Parlamento que podría no tener recorrido si el Gobierno excluye este tributo estatal en el nuevo sistema de financiación autonómica

El PP andaluz volverá a dar la batalla este 2017 para que la Junta de Andalucía suprima el impuesto de sucesiones y donaciones, incluido en la cesta de impuestos cedidos por el Gobierno central a las comunidades en el vigente sistema de financiación autonómica. El grupo popular, informó ayer su vicesecretario de Coordinación Política, Toni Martín, presentará un nuevo proyecto de ley en el Parlamento para que la Junta bonifique el 99% del impuesto.

Este anuncio coincide con la entrada en vigor este mes de enero de la rebaja del impuesto por el Gobierno de Susana Díaz, tras negociarlo con el portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, dentro del paquete de medidas para que este partido respaldase el Presupuesto de la Junta para 2017. A partir de este enero el mínimo exento por el que se paga una herencia de padres a hijos o a familiares directos pasa de 175.000 euros a 250.000 euros. El cambio más sustancial es la corrección del llamado error de salto, de forma que las herencias de 250.000 euros a 350.000 euros no tributarán por los primeros 200.000 euros. Hasta la entrada en vigor de esta rebaja, quien heredase, por ejemplo, 176.000 euros debía pagar por todo lo recibido, mientras que si lo heredado era de 175.000 euros pagaba nada.

El PP, sin embargo, plantea que esta corrección es una «trampa», ya que sigue lo mismo y si se hereda más de 350.000 euros se tiene que tributar por todo, sin el colchón de los 200.000 euros. Martín expuso que antes de la reforma, si se heredaba un euro más del mínimo exento se pagaban 26.300 euros. Después de la reforma, si se hereda un euro más del mínimo exento, se pagan 47.000 euros. El dirigente popular califica lo aprobado de «error de doble salto mortal». «Queremos que Andalucía no siga discriminada con respecto al resto de españoles, por culpa de Susana Díaz, al tener que pagar el abusivo, injusto y desproporcionado impuesto de sucesiones y donaciones que el PSOE condena a pagar a los andaluces».

El PP recogió este año pasado 327.000 firmas para la supresión del impuesto de sucesiones en una campaña calificada de exitosa por el presidente regional, Juanma Moreno. Este quiere ahora llevar esta campaña fuera de Andalucía, sobre todo a Madrid y Barcelona. Martín explicó por qué: En estas ciudades viven hijos o nietos de andaluces. Al fallecer estos, sus herederos, aunque vivan en Madrid, donde apenas se tributa por el impuesto de sucesiones, deben pagar a la Junta andaluza ya que el dador de la herencia está empadronado en Andalucía.

Renuncias de herencias

El PP atribuye a la tasa impuesta en Andalucía (una de las más altas pese a la rebaja, insiste) el que cada año varios miles de personas renuncien a las herencias al no poder abonar los derechos de transmisión. Una renuncia en la que influye sobre todo las altas plusvalías que cobran los ayuntamientos por el traspaso de propiedades. El PP, sin embargo, no abordará por ahora ninguna propuesta para que los consistorios rebajen o supriman estas plusvalías.

La bonificación que plantea el PP andaluz en su ley supondría una reducción del impuesto progresiva, del 33% en 2017, del 66% en 2018, y ya del 99% en 2019, «para evitar que la ejecución de nuestra propuesta suponga desequilibrio presupuestario para las cuentas de la Junta de Andalucía», dice Martín.

La propuesta de ley, de aprobarse, podría no ser necesaria, ya que es más que probable que en el nuevo sistema de financiación que el Gobierno deberá abordar en breve no incluya la cesión de este impuesto a las comunidades autónomas si estas así lo piden.

Una negociación en la que deberá participar el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Fernández de Moya, al haber asumido las competencias de la antigua secretaría de Estado de financiación autonómica y local. Este, como alcalde de Jaén y presidente provincial del PP, participó este pasado año en la recogida de firmas para que la Junta suprimiera el cobro de este impuesto estatal cedido a las comunidades.

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