Alaya abre la puerta a que la Junta pida la nulidad del caso de los cursos de formación

La jueza Mercedes Alaya rectifica su criterio anterior, expresado hasta por dos veces, y abre la puerta a que la Junta de Andalucía presente recurso de nulidad ante la Audiencia de Sevilla sobre todo lo actuado en la causa que la magistrada instruye sobre las presuntas irregularidades en los cursos de formación. De prosperar, la magistrada perdería el caso, que sería sometido a reparto, y quedaría anulado toda la instrucción realizada hasta ahora.

La magistrada se había negado el 13 de marzo y el 16 de abril, al recurso presentado por los Servicios Jurídicos de la Junta pero ha cambiado de criterio ante la queja de éstos y en una providencia dictada con fecha del pasado 14 de mayo, decide admitir «en un solo efecto» dicha apelación.

El recurso de la Junta se basa en una declaración realizada por sorpresa por Teodoro Montes, jefe del departamento de Formación Profesional de Sevilla y testigo clave del caso, a quien Alaya declaró de especial protección y llegó a prohibir que se publicara su foto o su nombre. Montes dijo que acudió al juzgado de Alaya, donde se le indicó que denunciara las irregularidades en los cursos de formación ante la Guardia Civil, de modo que posteriormente el juzgado abrió la causa por unos hechos que están siendo investigados en otros órganos judiciales de varias provincias y que la magistrada del número 6 en esos momentos no instruía.

Ello supone, en opinión de la Junta, que la magistrada puede haber vulnerado el derecho a un juez natural, recogido en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que la causa no fue a reparto y Alaya abrió una investigación que podría haber correspondido a cualquier otro magistrado, por lo que la Junta requirió la nulidad de competencias en la causa de formación y que la causa fuera enviada al decanato de los juzgados de Sevilla para su «correcto reparto». alegaba también que la magistrada hacía una investigación «prospectiva» en un intento de abrir «causa general».

En el marco de esta instrucción se inscribe la «operación Barrado», por la que 16 personas, entre ellas 13 ex altos cargos de la Junta, varios exdelegados provinciales de Empleo, fueron detenidos, el pasado mes de marzo, alguno de ellos en presencia de sus hijos y a primeras horas de la mañana, y fueron puestos en libertad con cargos tras permanecer hasta 48 horas en dependencias judiciales.

En esta causa permanecen imputados los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda.

Argumentos de rechazo

Hasta llegar a este punto, el caso ha requerido una procelosa tramitación. Alaya había argumentado en la primera ocasión contra del recurso de apelación de la Junta que «dos son las vías que las partes tienen para hacer valer la nulidad de las actuaciones», es decir, «por medio de los recursos establecidos contra la resolución de que se trate» o el incidente de nulidad cuando la resolución cuya nulidad se pretende no sea susceptible de recurso. «En esta última se enmarca el caso presente al afirmar la Junta que ha tenido conocimiento del vicio generador de la nulidad tras la declaración de un testigo, habiendo por ello transcurrido el plazo para recurrir el auto de incoación», punto en el que señalaba que «no existe una tercera vía, como pretende la Junta».

Según exponía la magistrada en este auto de 16 de abril, la petición de nulidad de la Junta «se ha tramitado de la única manera que podía hacerse, como un incidente de nulidad de actuaciones, pues las cosas son lo que son con independencia de cómo las partes las denominen, y además a dicha tramitación se ha aquietado dicha parte cuando expresamente se ordenaba la misma».

Tras ello, la Junta interpuso un recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Sevilla. La jueza esta vez consideró que los argumentos «son ajustados a derecho» y la Junta le trasladó que desistiría del recurso de queja si se admitía el recurso de apelación. Ya el día 12 de mayo, la Administración autonómica presentó ante la Audiencia de Sevilla un escrito de desistimiento del recurso de queja «en aplicación del principio de economía procesal y con el doble fin de evitar tanto dilaciones innecesarias como carga de trabajo inútil», en la esperanza de que sería aceptado, según recopila Europa Press.

Una vez la Junta desistió formalmente de su recurso de queja, la jueza dictó dos días después la providencia en la que admite la apelación para que la Audiencia se pronuncie.